Lucha, resistencia y lealtad

“El tiempo pasa y la canalla salda el precio en cárcel, cobrando a estas siete mujeres que no tienen doble apellido, ni bienes de fortuna, la irreverencia de haberse sentado, como legítimas representantes del pueblo, en las bancas del Congreso argentino (...) Nunca perdonará el círculo aristocrático y extranjerizante ni los zapatos y comodidades que tuvo el pueblo, ni la elevación de estas mujeres sencillas e intachables ciudadanas, al alto sitial político de legisladoras nacionales”

Susana Correché de Novick, senadora nacional peronista, encarcelada por la Fusiladora en 1955.

A 76 años de la proclamación del Partido Peronista Femenino (PPF) y a 73 del paso a la inmortalidad de Evita, las estrategias para someter a las líderes populares que lleva adelante el Partido de la Proscripción -antes militar, hoy mediático y judicial- son las mismas: persecución, encarcelamiento, inhabilitación para ocupar cargos públicos y agresiones físicas y simbólicas hacia los cuerpos de las mujeres. La otra cara de la moneda es el saqueo y la destrucción del país de la mano del endeudamiento, que condena a todo un pueblo a vivir en la miseria mientras lo priva de poder votar a la dirigente que es capaz de evocar la realización efectiva de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista.

A finales de julio de 1949 se anunció la creación del PPF, cuya presidenta fue Eva Perón. Evita designó a veintitrés delegadas censistas que recorrieron todo el país para efectuar un gran censo nacional de mujeres y conformaron miles de Unidades Básicas Femeninas. Allí, además de realizar actividades políticas, se llevaron adelante actividades sociales, educativas y culturales; se generaron puentes con la Fundación Eva Perón; se dictaron cursos de dactilografía y taquigrafía, capacitaciones en oficios para mujeres y talleres de alfabetización. Pero por sobre todas las cosas, el PPF cumplió un rol clave en la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

En 1947 las mujeres conquistaron sus derechos políticos a través de la sanción de la ley N° 13.010 que universalizaba el voto secreto y obligatorio de 1912 pero que también las incorporaba a la vida política como candidatas. Para llegar a las elecciones de 1951, en las que Evita votó por primera y única vez, el PPF impulsó distintas actividades para registrar a las mujeres e impulsar su participación política, como simulacros y cursos de votación, mientras se creaba a nivel nacional el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se distribuía la libreta cívica a las mujeres y se confeccionaba un nuevo padrón electoral que las incluyera, ya que el existente estaba basado en el padrón militar. Así, el padrón electoral se duplicó y pasó de tener 3.405.173 votantes en 1946 a 8.633.998 en 1951. Este aumento fue también por la decisión política del presidente Juan Domingo Perón de provincializar los entonces “territorios nacionales” -antes el país estaba integrado por 14 provincias y 10 territorios nacionales-, lo que igualó los derechos políticos de todos los habitantes a la vez que permitió que las nuevas provincias tuvieran delegación parlamentaria propia.

El 11 de noviembre de 1951 se llevaron adelante las elecciones a nivel nacional para cargos de presidente y vicepresidente, gobernadores, senadorxs y diputados nacionales y legisladorxs provinciales con una participación electoral que del 88%. En el caso de las mujeres, participó el 90% del padrón electoral. En esas elecciones Perón resultó electo, en buena medida, gracias a ese voto, que conformaba el 49.5% del padrón: más del 64% de las mujeres eligieron a Perón y le otorgaron los sufragios que lo llevaron a la victoria.

En esa elección el peronismo logró una cuota de representación inédita de mujeres en cargos parlamentarios, ejemplar para América Latina y el mundo. Fue la única fuerza política del país en aportar compañeras al Poder Legislativo, entonces completamente masculinizado. Ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista, que llevaban candidatas, obtuvieron bancas por falta de apoyo electoral. La Unión Cívica Radical, que sí accedió a cargos, no incluyó ninguna mujer en su lista.

Por el contrario, el peronismo impulsó a muchas compañeras del PPF: 23 diputadas y 6 senadoras a nivel nacional, 97 legisladoras provinciales, 3 delegadas por los territorios nacionales y 4 convencionales constituyentes de La Pampa. Todas resultaron electas: el partido no las puso en lugares testimoniales. Ellas fueron las primeras 133 legisladoras mujeres de nuestro país y asumieron sus bancas en 1952. En 1953, se incorporaron las legisladoras de las nuevas provincias: Chaco y La Pampa; en 1954, se sumaron 27 nuevas legisladoras nacionales, 93 de nivel provincial y 5 convencionales constituyentes en representación de la provincia de Misiones. Todas del Partido Peronista Femenino. Al comenzar las sesiones de 1955, por primera vez en la historia argentina las mujeres obtuvieron casi un tercio de las bancas y debatieron y legislaron sobre distintos asuntos de interés nacional.

El 16 de junio de 1955, la Armada bombardeó la Plaza de Mayo y al pueblo argentino con aviones que tenían pintados una cruz y la “V”, en señal de “Cristo Vence”. Con la “Revolución Fusiladora” consumada en septiembre, el Partido de la Proscripción recuperó el poder y profundizó su fase Militar. En nombre de la Constitución de 1853, se derogó por decreto la de 1949, se disolvió el Congreso, se anularon los mandatos y se desató una persecución política sistemática contra el peronismo, que incluyó la ilegalización del mismo y fusilamientos de civiles y militares patriotas, entre ellos, el del general Juan José Valle. Todo para destruir la obra revolucionaria de los gobiernos peronistas y desmantelar la organización popular a través del miedo y la humillación. Entre los “regalos” que la Fusiladora le dejó al país, está el ingreso al Fondo Monetario Internacional, que Perón siempre rechazó. La Dictadura, además de prohibir los nombres de Eva y Perón mediante el decreto 4.161, proscribió a la mayor parte del pueblo negándole sus derechos políticos y, fundamentalmente, su identidad. La profanación, secuestro y desaparición por dieciséis años del cuerpo de Evita, Presidenta del Partido Peronista Femenino, evidencia la apropiación del cuerpo de las mujeres como parte del aparato represivo del Partido de la Proscripción.

Los mandatos de las entonces legisladoras, así como los de sus compañeros, se terminaron con el golpe. Muchas de las mujeres militantes del PPF fueron inhabilitadas para ejercer cargos públicos, perseguidas, obligadas a exiliarse, sus bienes fueron robados y fueron arrestadas de manera “preventiva” bajo falsas acusaciones como traición a la patria y asociación ilícita. En el marco de una causa a cargo del entonces juez Luis Botet -designado por la dictadura- contra Perón y otrxs compañerxs, se decía que existía “semiplena prueba de que funcionaba un comando estratégico integrado por el ex presidente Perón, su ex ministro Borlenghi, el secretario general de la CGT y las cabezas de las ramas femenina y masculina del Partido Peronista, cuyo comando decidía sobre las leyes necesarias para el mantenimiento del régimen depuesto y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o las comisiones correspondientes” (Ver Fuente). Como si tal acusación no fuera lo suficientemente ridícula, se agregaba que correspondía “declararlos prima facie incursos por semiplena prueba en el delito de asociación ilícita, como integrantes del referido comando estratégico” (Ver Fuente). Cualquier similitud con el presente no es pura coincidencia.

Algunas compañeras detenidas fueron destinadas a la Cárcel de Mujeres de la calle Humberto I° 378, San Telmo, en un edificio a cargo de la Orden del Buen Pastor. La cárcel se dividía entre el sector de las presas políticas y el de las presas comunes. Entre las detenidas de todo el país, se encontraban la diputada nacional por la provincia de Salta, Seferina del Carmen Rodríguez de Copa, quien fuera vocal en la comisión de Territorios Nacionales y quien participó activamente en la Resistencia Peronista una vez liberada. Por la provincia Eva Perón (hoy, La Pampa), también fue detenida la diputada nacional Josefa Miguel de Tubio. En representación de Santa Fe, la diputada nacional Josefa Biondi, vocal en la Comisión de Obras Públicas, se vio obligada a exiliarse en Montevideo. Por Entre Ríos, la diputada nacional María Carmen Caviglia de Boeykens, creadora de centros de control para la prevención de la propagación del mal de Chagas, fue arrestada. La delegada del PPF por Tierra del Fuego y luego diputada Esther Mercedes Fadul de Sobrino, quien tuvo un participación clave el proceso de provincialización de los territorios nacionales, también fue detenida y obligada a exiliarse a Chile. Por Tucumán, la diputada nacional y enfermera Otilia Villa Maciel de Cano, ex secretaria de la Comisión de Transportes, fue detenida en 1955 y liberada dos años después. La diputada nacional por Buenos Aires, Magdalena Álvarez de Seminario, quien fuera vocal en las Comisiones de Justicia y de Previsión Social, fue encarcelada y liberada en 1957, para luego incorporarse a la Resistencia Peronista. Delia Degliuomini de Parodi, diputada nacional por Capital Federal y primera mujer vicepresidenta de la Cámara de Diputados, estuvo 42 días incomunicada en prisión y obtuvo la libertad condicional recién en 1958, se exilió y regresó al país para militar el retorno de Perón. Años más tarde, en su honor, el salón de conferencias de la Cámara de Diputados de la Nación fue nombrado “Delia Parodi”. Ana Carmen Macri, compañera que fue directora en el Hogar de Tránsito Nº 2 de la Capital Federal de la Fundación Eva Perón, fue diputada nacional por el distrito de Capital Federal y encarcelada. Al recuperar su libertad, fue parte de la resistencia peronista.

Las senadoras también fueron perseguidas. María Rosa Calviño de Gómez, profesora de la escuela secundaria N° 26 de la Capital Federal y delegada censista, fue detenida en prisión preventiva. Juanita Larrauri, militante peronista y cantante de tango -conocida por componer el himno “Evita Capitana”- fue dos veces electa senadora nacional por la provincia de Entre Ríos y cumplió un rol clave en la Resistencia Peronista, siendo parte de la delegación que acompañó a Perón en su regreso al país. Susana Correché de Novick, oriunda de La Pampa, se desempeñó como senadora nacional por esa provincia desde el 23 de abril de 1953 hasta el 21 de septiembre de 1955 por la clausura del Congreso Nacional. Durante su mandato, intervino en el tratamiento de legislaciones tales como la Ley de Radicación de capitales extranjeros, la Ley Orgánica de los Territorios Nacionales, la Ley Reforma de las disposiciones legales sobre filiación y la Ley Reforma parcial de la Constitución Nacional vinculada a las relaciones del Estado con la Iglesia. El día 14 de octubre de 1955 fue encarcelada bajo la imputación del delito de “traición” y sus hijxs quedaron solxs y fueron separadxs entre familiares.

Susana recuperó su libertad recién en 1957. En la cárcel, escribió una carta titulada “Interrogante Doloroso” que fue publicada en el Diario “Palabra Argentina” y rezaba: 

“La opinión pública del país se pregunta, día a día, cuál es el motivo por el cual se encuentran encarceladas hace casi dos años siete mujeres argentinas: las primeras legisladoras en el historial cívico de la Patria. Ellas son: Delia D. de Parodi, Rosa Calviño de Gómez, Juana Larrauri, Josefa Miguel de Tubio, Susana Correché, Ana C. Macri y Otilia Villa Maciel de Cano. Investigadas por anticonstitucionales “Comisiones Especiales” de triste recordación, no se las ha podido acusar de ningún delito que no sea el de haber honrado con su acción las Cámaras argentinas. ¿O es que pagan con cárcel el hecho de haber sido precursoras en el movimiento de la integral liberación de la mujer?”

Así como en 1957, en 2025 el pueblo argentino se pregunta, día a día, cuál es el motivo por el cual se persiguen y encarcelan mujeres militantes y se mantiene condenada y proscripta a la mujer argentina que actualmente es Presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernandez de Kirchner, “la fusilada que vive”. Investigada y juzgada por fiscales y jueces amigos y socios del Partido de la Proscripción, que en el siglo XXI encarna su fase mediática y judicial, no se la ha podido acusar de ningún delito que no sea el de haber honrado con su acción la lealtad al pueblo. ¿O es que paga con cárcel el hecho de representar los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas?

Para la mafia judicial, “asociación ilícita” es usar el Estado para garantizarle a cada argentino y argentina una cobertura de dignidad, desde el embarazo hasta nuestros últimos días, para que la vida sea un poco más justa para todos y todas, en igualdad de condiciones. Es ocuparse de que los trabajadores y trabajadoras tengan buenos salarios, los más altos de América Latina. Es darle millones de computadoras a pibes y pibas que nunca habían conocido una, o impulsar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para democratizar el acceso a la información y terminar con los monopolios.

Para la mafia judicial, “traición a la patria” es recuperar YPF, Aysa, Aerolíneas o los fondos de jubilaciones y pensiones, que siempre debieron ser del pueblo. Es desendeudar al país, sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional y plantársele a la carroña de los fondos buitre. Es reclamar una y otra vez nuestra soberanía indeclinable sobre las islas Malvinas, o acabar con la impunidad de la que gozaban los genocidas de la última dictadura y la Corte menemista de la mayoría automática.

Por todo eso la agravian, la condenan y la proscriben a Cristina, como hicieron con Evita y Perón. Por todo eso la amamos, la defendemos y la militamos, quienes seguimos soñando con una patria mejor. En agradecimiento por lo que ella y Néstor hicieron. Con la comprensión exacta de lo que hoy produce, en la gente y en los poderosos. Desde la esperanza de lo que todavía nos puede dar.     

Fuente: https://upauderecho2.blogspot.com/2010/01/peron-juan-domingo-y-otros-s-traicion-y.html