Lo sucedido en Mendoza con el tratamiento y la votación del proyecto San Jorge –PSJ Cobre Mendocino– no puede leerse como un hecho aislado ni meramente técnico. Es la expresión condensada de un modo de gobernar, de una concepción del desarrollo y, sobre todo, de una disputa de época: qué modelo de provincia y de país queremos construir frente a una avanzada extractivista que vuelve a presentarse como destino inevitable.
Para comprender lo que ocurrió en la Legislatura mendocina, es necesario reconstruir el contexto político, institucional, territorial y cultural en el que este proyecto se inscribe.
El primer dato político que hay que señalar es el contexto institucional. Mendoza tiene hoy una Legislatura atravesada por una mayoría automática que garantiza quórum y votaciones sin necesidad de diálogo real. En ese escenario, el gobernador Cornejo no construye consensos: arrea.
Conducir, decía Perón, es persuadir. Cornejo, por el contrario, gobierna Mendoza con lógica de patrón de estancia.
No escucha a la Legislatura ni busca convencer a la oposición. Simplemente apura el paso y convierte temas delicados y estratégicos como el agua, los bienes naturales y el modelo productivo -que requieren de debates serios y participativos- en meros trámites burocráticos y expeditivos. En lugar de encontrar la mejor solución para el pueblo mendocino, Cornejo impone la fuerza del número, sin mediar argumentos. Con este modus operandi no hace más que degradar la política y limar todo su potencial para transformar la realidad y pensar, planificar y organizar el futuro.
El proyecto San Jorge no es nuevo. Arrastra más de una década de conflicto en Mendoza y ha sido, desde sus primeras presentaciones, uno de los casos más emblemáticos de disputa social, ambiental y política en la provincia.
En sus versiones anteriores, el emprendimiento ya había generado una fuerte resistencia social, especialmente en la zona de Uspallata y en amplios sectores de la ciudadanía mendocina, por el riesgo que implicaba para el recurso hídrico y por la fragilidad de los estudios presentados. No se trató nunca de un rechazo ideológico o abstracto, sino de objeciones sustentadas en observaciones técnicas, científicas y territoriales.
Lo que ocurre hoy es que el proyecto vuelve a presentarse sin haber saldado esos cuestionamientos estructurales. Como explicó el senador provincial Félix González, la nueva versión del PSJ retoma viejos problemas: informes de impacto ambiental desactualizados, vacíos de información clave y respuestas parciales o insuficientes frente a las observaciones realizadas por organismos especializados.
En vez de resolver esos déficits, la estrategia es la misma de siempre: correr la discusión con consignas generales como “minería sustentable” o descalificar a quienes plantean objeciones acusándolos de ser antidesarrollo. Pero el núcleo del conflicto nunca fue “minería sí o no” en abstracto, sino en qué condiciones, con qué controles, con qué garantías reales para el agua y el territorio, y con qué beneficios concretos para el pueblo mendocino.
Resulta que en pleno tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados ocurrió un hecho de enorme gravedad institucional. Autoridades políticas presionaron al CONICET Regional Mendoza, lo que derivó en la baja de un comunicado institucional y su posterior reemplazo por otro texto moderado. Ese primer comunicado no expresaba una opinión política. Cumplía con su función pública: aportar evidencia científica al debate democrático, señalando que el trámite administrativo avanzaba sin que la empresa hubiera respondido sustantivamente a las observaciones técnicas realizadas por organismos especializados.
Que ese documento haya sido retirado en medio del debate legislativo envía un mensaje inequívoco: cuando la evidencia científica incomoda al poder, se la intenta silenciar.
La ciencia es aceptada sólo cuando legitima decisiones ya tomadas.
Uno de los puntos más sensibles de las observaciones del CONICET tiene que ver con el recurso hídrico, algo que en una provincia desértica como Mendoza es de carácter estructural. Los estudios utilizados por la empresa se apoyan en aforos del arroyo El Tigre realizados antes del inicio de la mega sequía que afecta a los Andes centrales desde 2010. Además, se advirtió que el proyecto requeriría prácticamente la totalidad del caudal disponible, comprometiendo incluso el caudal ecológico mínimo necesario para sostener el ecosistema. Es decir: el proyecto se apoya en información vieja y pone en riesgo un bien común vital (nuestra agua), en un contexto de crisis hídrica reconocida.
Frente a esta situación, la empresa PSJ Cobre Mendocino ha manifestado que el arroyo “nace y muere dentro de la propiedad particular perteneciente a PSJ” y que, por lo tanto, debe ser considerado de dominio privado. No solo desconoce la naturaleza de cuenca e interconexión de los sistemas hídricos sino que expresa también una concepción del agua como mercancía apropiable y desligada de la comunidad. En Mendoza, como en el resto del país, el agua es un bien público, aún cuando atraviese tierras privadas, precisamente porque es un recurso vital, limitado y estratégico para la vida, la producción y el ambiente, y porque brinda servicios ecosistémicos que no conocen de fronteras ni de límites administrativos o catastrales. Sin embargo, el oficialismo provincial dejó seguir el proyecto como si no hubiese pasado nada. Muy distinta fue su celeridad para presionar al CONICET Mendoza y llamarlo a silencio. Se apura a los científicos cuando advierten peligros, pero no se incomoda a una empresa cuando avanza sobre la idea misma de bien común.
Otro punto central es la falta de información suficiente para argumentar la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata, con el consecuente riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan el arroyo Uspallata y, en consecuencia, a toda la cuenca del río Mendoza. Hablar de cuencas es hablar de interdependencia. De productores, poblaciones y barrios enteros que dependen de ese sistema hídrico. Esa agua es de la que vivimos, del agua depende también la producción, el trabajo, el turismo, y hasta la identidad cultural.
Tampoco los pueblos originarios del territorio afectado otorgaron su consentimiento previo, libre e informado al avance del emprendimiento minero, en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos y con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como sujetos de derecho colectivo. Recordemos que nuestro país adhirió al Acuerdo de Escazú en el año 2020, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe que tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales enfocándose especialmente en proteger a las personas defensoras del ambiente, como nuestros pueblos originarios. Para estas comunidades, el agua no es un insumo económico ni un recurso a explotar: es un elemento vivo, parte del equilibrio del territorio, de la memoria ancestral y del sustento de la vida.
Esta discusión se enlaza directamente con la presencia del Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. No se trata de un vestigio arqueológico, sino de una cosmovisión que concibe el territorio, el agua, los caminos y las comunidades como un todo inseparable.
Lamentablemente, el proyecto San Jorge no es un hecho aislado sino que responde a una misma matriz privatizadora.
Hace pocos meses, en pleno contexto de crisis hídrica, el gobierno provincial habilitó cinco pozos de agua a empresas vinculadas al magnate inmobiliario Eduardo Elztain, priorizando intereses privados sobre un recurso estratégico y escaso. A esto se suma lo ocurrido con los vuelcos cloacales sin tratar en el Canal Pescara, en plena zona del cordón verde mendocino: casas inundadas con líquidos cloacales, respuestas precarias, blindaje mediático y ausencia de soluciones estructurales. La Fundación OIKOS presentó un amparo judicial que expuso la inacción estatal y el desprecio por la salud pública y el ambiente.
Por último, cabe recordar que la minería que se impulsa hoy en Argentina se apoya en un régimen normativo heredado de los años noventa, construido a partir de la reforma del Código de Minería y de la Ley de Inversiones Mineras, que otorgan amplias garantías al capital privado, estabilidad fiscal por décadas, regalías bajas y una escasa captura de renta por parte del Estado, un cocktail de liberalización de la actividad cuyos beneficios no se hacen presentes en nuestros pueblos. En la actualidad, este esquema ha sido profundizado mediante instrumentos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), consolidando un modelo extractivo con beneficios concentrados y retornos casi nulos para las comunidades.
En el caso del PSJ, no hay certezas sobre empleo sostenido, encadenamientos productivos ni impactos positivos duraderos, pero por experiencia sabemos que estos emprendimientos suelen dejar pasivos ambientales y ganancias concentradas en pocas manos. Sabemos también que el agua dulce -en particular las reservas asociadas a glaciares y ambientes periglaciares- se ha transformado en un bien central de las disputas geopolíticas del siglo XXI. Por eso no es casualidad que el gobierno de Milei, Trump y el FMI quieran flexibilizar la Ley de Glaciares, a cambio de someternos a una mayor dependencia financiera. En palabras de Máximo Kirchner, la flexibilización ambiental comparte programa con las flexibilizaciones laboral e impositiva.
Como Perón advirtió en 1972, la humanidad avanza hacia una marcha suicida al destruir los recursos y ecosistemas que sostienen la vida. Como señaló el Papa Francisco en Laudato Si’ , no hay peor violencia que convertir el agua en mercancía, porque hacerlo implica negar su condición de derecho humano básico y universal.
Este es un llamado a las juventudes: a animarse a discutir, a no aceptar que el futuro sea decidido por otros, a comprender que el amor a la Patria se expresa en el cuidado de los bienes comunes, en la defensa de la ciencia, en el respeto a los pueblos originarios y en la construcción de soberanía. Argentina necesita hoy orgullo nacional, amor al pueblo y compromiso político. Porque sin agua, sin soberanía y sin justicia social, no hay futuro posible.
* Militante de La Cámpora, diputada provincial de Mendoza y Secretaria Nacional de la JP
