122 años de presencia continua

El 22 de febrero de 1904 la bandera argentina se izó por primera vez en la isla Laurie y, desde entonces, flamea ininterrumpidamente en la Base Orcadas. Ese hito, recordado como el Día de la Antártida Argentina, marca la presencia más antigua y continua de un Estado en ese continente, incluso en contextos de crisis.

Sin embargo, hoy el debate no se centra en cómo fortalecer esa proyección estratégica —vinculada directamente con la Causa Malvinas y el Atlántico Sur— sino en cómo flexibilizar los límites que protegen nuestras principales reservas de agua dulce. La reforma de la Ley de Glaciares (N.º 26.639), impulsada por Javier Milei, propone reducir el alcance del ambiente periglacial protegido para facilitar la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de alta montaña.

Argentina es uno de los pocos países que ejerce soberanía en más de un continente: su territorio ocupa parte de América y también una porción de la Antártida. Está situada en el extremo meridional de América del Sur y se extiende hasta el Polo Sur en el continente antártico. La Ley N.º 26.651, sancionada en octubre de 2010, estableció la obligatoriedad de utilizar el mapa bicontinental de la República Argentina en todos los organismos nacionales y provinciales, así como en el sistema educativo.

El 19 de noviembre de 1946, el presidente Juan Domingo Perón dictó el Decreto N.º 8.944, que también establecía la obligatoriedad de usar el mapa bicontinental en todos los ámbitos institucionales del país. Ese decreto fue desconocido durante los años de dictadura y volvió a ser reconocido, esta vez mediante una ley, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta entonces, los mapas minimizaban la extensión de nuestro país, con una mínima valoración de los territorios antárticos. Hoy, el uso del mapa confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional muestra a la Antártida Argentina en su proporción real en relación con el sector continental e insular, lo que refuerza nuestro imaginario territorial y la condición bicontinental de la Argentina.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, en la Antártida Argentina, hicimos historia. Se fortaleció nuestra presencia científica como nunca antes, impulsándose investigaciones en glaciología, biología marina y meteorología. En el contexto del cambio climático, estos desarrollos se orientaron a comprender sus efectos y preservar nuestros ecosistemas.

Además, se realizaron inversiones inéditas que permitieron modernizar las bases antárticas, tratar aguas residuales y reducir el impacto ambiental. El 10 de junio de 2014, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que Malvinas “es una causa nacional y global, vinculada a nuestro compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional para construir un mundo más seguro y civilizado”.

En 2014 se lanzó Pampa Azul, una iniciativa, coordinada por un Comité Coordinador Interministerial, integrado por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Economía; Turismo y Deportes; Defensa y Seguridad.

Sus objetivos de investigación, líneas de trabajo y formación de recursos humanos eran definidos por un Consejo Asesor Científico constituido por investigadores e investigadoras de reconocida trayectoria en las Ciencias del Mar. Mientras que los objetivos de desarrollo tecnológico, las iniciativas, proyectos prioritarios y los posibles mecanismos de transferencia al sector productivo eran establecidos por un Consejo Asesor Tecnológico integrado por especialistas de distintas áreas.

Como es sabido, tras 2015 y con la llegada del macrismo al poder, Pampa Azul quedó desarticulada y vaciada como política pública. Desde 2025, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires impulsa el programa Pampa Azul Bonaerense, retomando el espíritu original concebido por Cristina.

Durante el gobierno de Cristina también se inauguró el Museo y Memorial de Malvinas en el predio de la ex ESMA, consolidando memoria, diplomacia y soberanía en una política de Estado. Asimismo, en 2010 se sancionó la Ley Nacional de Glaciares (N.º 26.639), reglamentada en 2011, que declaró a los glaciares y al ambiente periglacial reservas estratégicas de agua dulce, creó el Inventario Nacional de Glaciares y prohibió actividades mineras e industriales en estos ambientes estratégicos para la continuidad de la vida.

Esta semana, los senadores y senadoras dieron media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares para habilitar actividades hasta ahora no permitidas. La reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei, y respaldada por gobernadores de provincias mineras, busca reducir la protección actual sobre el ambiente periglacial para facilitar la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de alta montaña.

Lo que está en juego es la protección de las principales reservas de agua dulce, ya que los cambios limitarían el resguardo a los glaciares identificados por las provincias, alterando la normativa nacional vigente. En otras palabras, se trata de impulsar y promover el extractivismo sobre ecosistemas hasta ahora considerados protegidos.

El gobierno de ultraderecha que gobierna la Argentina también busca convertir en ley una reforma laboral que precariza derechos de las y los trabajadores. Dos caras de una misma moneda. La avanzada sobre normativas ambientales y laborales —encubriendo reformas impositivas y previsionales— responde a una misma lógica: reducir el rol del Estado para ampliar márgenes de rentabilidad sobre bienes comunes, deteriorando la calidad de vida de nuestro pueblo. Un pueblo empobrecido y saturado de falsos discursos, en una cotidianeidad atravesada por la vulneración constante de derechos.

En un contexto de crisis económica y deterioro social, el debate público se fragmenta. La urgencia cotidiana desplaza las discusiones estratégicas. Cuando el ingreso no alcanza y la incertidumbre domina, la defensa de una ley ambiental puede parecer lejana. Pero vale recordar las palabras de la generala estadounidense Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien en 2023 destacó la importancia estratégica de los recursos naturales de América Latina —litio, petróleo y agua dulce— para la seguridad nacional de Estados Unidos, mencionando especialmente el “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile) frente a la influencia de China y Rusia. Vale la pena recordarlo en tiempos de entreguismo y “relaciones más que carnales” con los Estados Unidos como venimos viendo por parte de este gobierno.

En otras palabras, lo que está en juego es el posicionamiento de nuestro país en el nuevo ordenamiento global y qué tipo de modelo productivo consolidar: ¿uno que cuida sus reservas estratégicas y protege el trabajo o un territorio disponible para la explotación, el saqueo y la fuga? Cuando las reformas estructurales se alinean con exigencias de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la pregunta deja de ser retórica: Patria sí, colonia no.

Antártida, Malvinas, glaciares y trabajo forman parte de una misma ecuación estratégica. Conocerlos y defenderlos es defender un proyecto nacional que cuide a su pueblo y a los ecosistemas que habitamos.

El origen de Pampa Azul

En relación con Pampa Azul, cuenta Juan Sala —actual coordinador de Pampa Azul Bonaerense— que el 2 de abril de 2013, durante la visita de Cristina a Chubut para un acto conmemorativo por Malvinas, el entonces gobernador Martín Buzzi había montado un escenario junto al mar.

Poco antes había ocurrido la inundación histórica en la ciudad de La Plata, que dejó una profunda marca solidaria en la militancia y dio fuerza a la consigna “La patria es el otro”.

Ese 2 de abril, Buzzi acompañaba a Cristina en helicóptero rumbo al acto. Mientras sobrevolaban la costa, le planteó la necesidad de crear una agencia del mar chubutense que articulara ciencia y Estado para la preservación y exploración sustentable del mar. Fue en ese intercambio cuando Cristina utilizó por primera vez el término “pampa azul” para referirse a la inmensidad marítima y a la necesidad de ejercer soberanía sobre ese territorio.

A la potencia poética del concepto se sumó el compromiso de desarrollar una política pública nacional que impulsara el conocimiento, la protección y la valorización estratégica del mar argentino.