Política

Licencia para matar

Luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldaran y se fotografiaran con el policí­a Luis Chocobar que asesinó por la espalda a un agresor mientras huí­a, la Ministra dio un paso más y afirmó que buscan instaurar una nueva doctrina que legitime cualquier accionar de las fuerzas de seguridad más allá de la letra de la ley.
por La Cámpora
6 feb 2018
El Estado tiene el monopolio de la violencia legal, pero ello no significa que pueda ejercerse discrecionalmente, sino que tiene lí­mites celosamente establecidos en la legislación. Caso contrario, la democracia cederí­a paso a un modelo represor y autoritario. Es por eso que las fuerzas de seguridad, si bien están autorizadas a ejercer violencia, siempre debe ser la mí­nima indispensable. Tal es así­ que el código penal establece agravantes para los delitos cometidos por personal de las fuerzas. El caso de Chocobar es un triste ejemplo más de violencia institucional. Nadie puede reprochar que al presenciar una agresión (en este caso a un turista estadounidense) decidiera intervenir. Pero como bien se observa en las imágenes de público conocimiento, Pablo Kukoc, uno de los asaltantes, estaba huyendo cuando el policí­a bonaerense lo ejecutó por la espalda. No hay legí­tima defensa porque no habí­a ninguna vida en riesgo en ese momento, y tampoco hay un uso racional de la fuerza: reducirlo con un disparo en la pierna podrí­a enmarcarse en una actuación legal. Acribillarlo por la espalda, no. Es un caso de gatillo fácil. Aunque en uno de sus informes ante el Congreso Marcos Peña aseveró que el Ejecutivo nunca avalarí­a la violencia institucional, como en tantos otros temas, se desdijeron de sus dichos. El Presidente y la Ministra de Seguridad, teniendo pleno conocimiento de que Chocobar mató por la espalda a una persona, decidieron respaldar su accionar. No es el primer caso. La titular de la cartera de Seguridad habí­a respaldado a los gendarmes que balearon a niños de una murga, a los que llevaron adelante el operativo ilegal que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, a los que reprimieron a mansalva llegando a atropellar personas con saña en las manifestaciones contra la reforma previsional, y a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel en la Patagonia. En el dí­a de la fecha, Bullrich sostuvo que quieren imponer una nueva doctrina de seguridad en virtud de la cual todo accionar de las fuerzas de seguridad constituya un “cumplimiento del deber de funcionario públicoˮ. Con esta doctrina, los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darí­o Santillán, o el de Carlos Fuentealba, por citar algunos, no habrí­an sido asesinatos sino “cumplimiento del deberˮ. Es un paradigma incluso más perverso que aquel que minimiza el terrorismo de estado apelando a la teorí­a de los excesos. Según Bullrich, siquiera cabe la posibilidad de un exceso. El Gobierno está sentando un precedente penoso y temerario para la democracia. Las fuerzas de seguridad tienen luz verde del Estado para hacer lo que quieran sin respetar derechos elementales como la integridad fí­sica o la libertad. Tienen licencia para matar. Cuando la violencia es engendrada y promovida desde el Estado, las consecuencias son sumamente graves y dolorosas para toda la sociedad. Argentina tiene una lamentable experiencia en este camino.    
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