Política

Incapaz de gobernar para el pueblo

Las polí­ticas públicas en discapacidad no pueden ser un botí­n de guerra, ni deben ser una opción o alternativa para nuestro paí­s. Deben y tienen que ser una garantí­a, una responsabilidad y un compromiso de todos los gobiernos nacionales.
por La Cámpora
17 jun 2017
Por Lucila Masin En la actualidad nos encontramos frente a un avasallamiento feroz en los ejercicios de los derechos humanos de las personas con Discapacidad, con el retorno generalizado de polí­ticas neoliberales de exclusión y marginación, el gobierno nacional reivindica decisiones polí­ticas de caridad y acciones de beneficencia. Se caracteriza por la insensibilidad y el desprecio absoluto frente a un determinado sector de nuestra población. No es casualidad, no es un error, no se equivocan, implementan un ataque planificado sistemáticamente de eliminación de derechos. Podrán encontrar los argumentos que quieran, podrán atribuirle sus decisiones a la herencia recibida; ¿No será que esa herencia fue tan grande, tan alta, que no les da la capacidad polí­tica para hacerse cargo de la ampliación de esos derechos y nos encontramos frente a un escenario social regresivo y de pérdida de conquistas? El gobierno de Mauricio Macri es un gobierno discriminatorio, es un gobierno para pocos en el que los únicos que tienen posibilidad de seguir acrecentando irracionalmente su capital son aquellos de su misma condición social. Es discriminatorio porque desprovee de derechos esenciales a las personas con discapacidad, es discriminatorio porque quita indiscriminadamente pensiones no contributivas pero a su vez lanzan un Plan de Discapacidad sin objetivos claros, sin precisión de beneficiarios y mucho menos presupuesto, es decir, un plan vací­o y sin contenido de polí­ticas públicas destinadas para este sector. Es discriminatorio porque no respetan la ley de cupo laboral para Personas con discapacidad donde están obligados a ocupar una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. Desde al año 2003 se vienen ejecutando propuestas legislativas, desarrollando polí­ticas públicas destinadas a la inclusión y ampliación de derechos de nuestra población, se ha logrado pasar de 350.000 pensiones no contributivas a 1.600.000, se ha logrado dar validez en todo el territorio nacional al Certificado íšnico de Discapacidad, se ha logrado en el año 2008 adherir a la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y en 2014 otorgarle jerarquí­a constitucional a la a través de la ley 27.044 donde define que los estados partes deben ser garantes del ejercicio pleno de los derechos, libertades autonomí­a e independencia de las PCD sin discriminación alguna. Con los gobiernos de Néstor y de Cristina hemos logrado cumplir con los compromisos internacionales, asegurando estándares de inclusión con perspectiva integral y de derechos en la aplicación irrestricta de la convención. Entendemos que el rol del estado es trascendental y es así­ que se pudo avanzar en la ley de páginas web accesibles, en la inclusión de subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción a través de la Ley de medios, hoy derogada por el gobierno de Macri, podremos seguir mencionando innumerables avances en materia de discapacidad como la creación del Régimen Federal de Empleo Protegido que permitió promover el desarrollo laboral, mejorando el acceso al empleo y su permanencia, pero claramente uno de los principales logros fue haber instalado la discapacidad en la agenda publica que permita que la inclusión se transforme en una polí­tica de Estado.
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